Recientemente saltaron las alarmas en el pamorama nacional, el ministro de Fomento, José Blanco, lanzaba unas declaraciones espinosas en las que se amenazaba con tomar decisiones sobre el hasta ahora intocable cuerpo de funcionarios de España.

En un primer momento el Gobierno central apuntó la posibilidad de ‘contener’ el sueldo de los funcionarios, pero, como sucede en la mayoría de las ocasiones, la opinión pública extrapoló el término convirtiéndolo en ‘congelación’. Entre ambos conceptos existen importantes diferencias, ya no sólo en el significado propio de la palabra, sino en lo que supondría su aplicación práctica sobre los varios millones de personas que conforman el entramado del sector público.

Baile de cifras
Los datos sobre cuántas personas reciben su salario del erario público varían según la fuente que se consulte. Mientras el ministerio de Política Territorial, encabezado por Manuel Chaves, habla de 2.636.900 funcionarios en España, la última Encuesta de Población Activa, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, refleja la existencia de 3.029.500 trabajadores públicos.
Los 392.600 puestos de trabajo que ‘bailan’ se debe a que estos son asalariados de las distintas organizaciones públicas, es decir, que pese a cobrar de la Administración Pública, no tienen la plaza de funcionario. En este caso el INE sí considera a estos trabajadores como mienbros del cuerpo de funcionariado.
Partiendo de la base de que pese a no contar con plaza, su sueldo lo pagamos entre todos, es necesario tener en cuenta a los asalariados, las diferencias, como comentábamos anteriormente, entre congelación y contención son muy importantes.

En el primer caso se trata de aplicar el crecimiento cero de los salarios, lo que supondría un ahorro para las arcas públicas de casi 1.500 millones de euros, teniendo en cuenta que el gasto medio por funcionario es de 2.031 euros brutos mensuales. Sin embargo, la contención (término empleado por el Gobierno) significaría ajustar el aumento del salario a la previsión real de la inflación para 2010, es decir, un 1,6% en lugar del 2% tradicional. Estos ajustes supondrían un alivio sustancialmente menor en el gasto público al traducirse en un ahorro de 283 millones de euros aproximadamente, tal y como apuntan diversos analistas.

Cruce de opiniones
Cómo no, tras los cálculos y elucubraciones varias, los organismos más representativos de la sociedad no han tardado en lanzar sus opiniones al respecto.
Por una parte, la patronal, representada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, no ha dudado en afirmar que “sobran funcionarios en España” mientras criticó la subida salarial de este cuerpo de trabajadores en el año 2009, cifrada en un 3,8% en plena crisis.
Ante estas afirmaciones lo sindicatos se defienden y piensan actuar baja ciertas consignas, una de ellas referida al mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos.
Por otra parte, desde Comisiones Obreras proclaman otra reivindicación: la revisión de la Tasa de Reposición Efectiva, implantada por la actual ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, por la que únicamente se cubre el 30% de las bajas de las Administraciones, lo que satura a los trabajadores que permanecen en su puesto y resta efectividad a la gestión de los organismos públicos.

Pese a que es muy posible que de forma automática al hablar de funcionarios acuda a nuestra cabeza la idea de trabajador dependiente de la Administración General del Estado, es necesario desterrar esta imagen.