e ha repetido hasta la saciedad la necesidad de cambiar el modelo energético por uno sostenible. Parecía que las autoridades se habían puesto en marcha para implementar las renovables con fuerza en todo el país y de este modo acabar con la dependencia del petróleo y respetar el medio ambiente. Pero ahora la tortilla ha dado la vuelta y el Gobierno ha cambiado radicalmente su postura respecto a este tipo de energías limpias. Por lo menos es lo que parece por las disposiciones previstas en el nuevo Real Decreto sobre la energía solar fotovoltaica.

Tras años de inversiones, de incentivos y de promoción esa actitud se ha modificado de un día para otro. Las primas que existían para ese tipo de energía bajarán en un 35% y se limitará la potencia instalada a 300 megawatios, menos de la mitad de lo que España puede producir. La pérdida de atractivo está asegurada. Pero lo peor de todo el asunto es que al anunciarse estas nuevas medidas con tan poco tiempo de reacción, las empresas no podrán adaptarse a este nuevo marco y se verán abocadas a la desaparición.

Miles de trabajadores perderán su empleo, España no cumplirá con lo exigido en Kyoto y las inversiones en esta materia se irán a países emergentes donde realmente se premie la apuesta por las energías que respetan el medio ambiente y buscan ser una búsqueda real de la eficiencia energética.
Es dantesco ver como un sector que ha significado la dinamización de la economía en la Comunidad Valenciana y en el resto del país va a desaparecer a manos de sus propios ‘mecenas’. Parece mentira que un Gobierno rompa de este modo su compromiso con el medio ambiente. Porque, aunque los perjudicados directos son los empresarios, de rebote paga toda la sociedad.

Una rebaja en las primas de la energía solar fotovoltaica es muy comprensible, pero no lo es el radicalismo. Principalmente, este tipo de decisiones debe tomarse con tiempo y contando con las partes implicadas, asignatura en la que esta vez el Ministerio de Industria ha suspendido. Además, las cosas deben hacerse gradualmente para que los agentes se adapten. Probablemente si la elaboración del borrador del nuevo Real Decreto que regulará el sector fotovoltaico se hubiera hecho de otro modo ahora no se estarían alzando voces encendidas anunciando la catástrofe, pues ésta no se produciría.

Sin quererlo, o sin querer evitarlo, el Gobierno ha llevado la crisis a un ámbito que se perfilaba como la mejor alternativa para eludirla. Las cosas se han hecho tarde y mal, pero aún es posible impedir el hundimiento del sector que utilizó la fuerza del sol para reactivar la economía y generar puestos de trabajo.