Las empresas tendrán más oportunidades para competir.

De las cenizas de la II Guerra Mundial nació la Unión Europea, primeramente como Comunidad Económica del Carbón y el Acero (CECA) y después como una unión política que ha llevado a aquella UE de seis a ampliarse, de momento, a 27 países entre los que se encuentra España desde 1986. La Unión Europea tenía como propósito inicial la libre circulación de mercancías y factores de producción, el cual se ha ido desarrollando hasta llegar a promover el acercamiento económico progresivo de los estados miembros; desarrollar armoniosamente las actividades económicas de la comunidad y expandirse con estabilidad y cooperación. Todo ello teniendo al euro como única moneda de pago. Sin embargo, actualmente la única forma eficiente de poder pagar por Europa es la moneda ya que las diferentes formas de pago existentes (transferencias, adeudos domiciliados, tarjetas de pago, envío de dinero, etc.) cuentan en los distintos estados miembro con legislaciones y normativas diferentes.

Para subsanar estas complicaciones, en 2007 la Unión Europea puso en marcha una directiva comunitaria con el fin de facilitar estas transacciones económicas. En estos momentos, el Consejo de Ministros español ha aprobado la remisión al Consejo de Estado del Anteproyecto de Ley de Servicios de Pago con el fin de adaptar la normativa española a la normativa europea. Desde la empresa de consultoría CPP consideran que la principal diferencia con el actual sistema de pago está en que ahora hay “un nuevo marco de transparencia para los servicios de pago. La información debe de ser clara y gratuita para que los consumidores puedan elegir libremente el proveedor que mejor les convenga. Asimismo, se debe facilitar información antes y después de la ejecución de una operación de pago (ya sean transferencias o adeudos domiciliados)”.

Este garantizará los pagos realizados en el ámbito de la UE, en concreto las transferencias, los adeudos directos y las operaciones de pago efectuadas mediante tarjeta para que se realicen con la misma facilidad, eficiencia y seguridad que los pagos nacionales internos de los Estados miembros, según explicaron fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda.

Ventajas empresariales
A pesar del alto grado de exigencia de esta directiva, desde la consultoría CPP entienden que las empresas van a disfrutar de mayores ventajas ya que van a disfrutar de la “posibilidad de elegir cualquier entidad bancaria europea; obtener la capacidad para aceptar cualquier tipo de tarjetas con un único TPV; la creación de las denominadas ‘fábricas de pagos’, para la centralización de todas las operaciones de cobros, abonos, transferencias… en una sola cuenta y en un solo país y, por último, la reducción de los costes de transferencias, gracias a gastos compartidos entre ordenante y beneficiario”.
Además, desde la compañía especialista en Life Assistance destacan la necesariedad de esta normativa común ya que “para conseguir que la creación de un mercado único europeo fuera completa había que aunar la libre circulación de mercancías, personas y capitales, con la eliminación de barreras en los sistemas y servicios de pagos actuales.